Escándalo por el IFE: todo la investigación pasó al ámbito de la Justicia federal

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La Justicia provincial se declaró incompetente por los posibles cobros irregulares.

La fiscal interina de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, se declaró incompetente en la investigación sobre cobros irregulares del ingreso familiar de emergencia (IFE) y remitió las actuaciones para su intervención a la Fiscalía Federal 1. Ayer mismo en ese ámbito se ordenó un procedimiento en la sede de Anses Salta para obtener documentación probatoria.

El apartamiento de la investigación provincial se sostiene en que las sumas que habrían sido percibidas irregularmente, corresponden a fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

En el escrito dirigido al Fiscal Federal N§ 1, la fiscal Simesen de Bielke relató que la Unidad Fiscal intervino a partir de la noticia periodística respecto a los funcionarios públicos provinciales y municipales que habrían accedido a la gestión y cobro del ingreso familiar de emergencia, inició las actuaciones y despachó las diligencias correspondientes.

En mayo pasado, el Ministerio Público Fiscal de Salta tomó intervención a raíz de la publicación en la que se mencionó que el concejal de Guachipas, Héctor Cari, habría cobrado personalmente el beneficio nacional conocido como IFE. Al advertir tal situación, se dispuso la intervención de oficio y se logró determinar que efectivamente el edil había accedido a tal subsidio. Se dispuso su imputación y actualmente el caso se encuentra con requerimiento de juicio ante el Juzgado de Garantías 4. Ante la presunta existencia de hechos ilícitos de similares características al de Cari, se dispuso intervención.

Simesen de Bielke remitió al Fiscal Federal la averiguación preliminar que contiene el informe de la División Delitos Económicos y distintos elementos probatorios; junto al listado agregado con datos de funcionarias y funcionarios que habrían accedido al pago del IFE. La maniobra sería, prima facie, en perjuicio de un organismo nacional, por lo que el hecho resulta de competencia federal, conforme las previsiones de la Ley 48.

Por su parte ayer en horas de la mañana, el fiscal federal, Ricardo Toranzos, dispuso una medida de entrega de información por parte de la Anses Salta respecto a los trámites que habrían realizado concejales, legisladores, funcionarios y demás a fin de cobrar el IFE.

Con investigadores del área de Delitos Económicos de Gendarmería y del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, esta diligencia, que consta en la verificación de información de dichos trámites en las computadoras del organismo, se llevó adelante en las mismas oficinas, aunque se aclaró que no se trata un allanamiento sino de una medida denominada "orden de entrega de información", la cual fue solicitada por la fiscalía al juez de Garantías, entre otros diligencias judiciales en el marco de la investigación.

Indignación en el norte

En el departamento San Martín, junto con Rivadavia, los distritos que registran la mayor pobreza de la región, siguen apareciendo nombres de quienes, sin ningún prurito, se anotaron y muchos de ellos lograron el cobro del IFE.

Al conocerse cuál es la metodología para saber quiénes son los que aprovechando las fallas del sistema se hicieron de $20.000 pesos y pretendían los $30.000 con el tercer pago del IFE, todos los días aparecen nuevos nombres. No son monotributistas de la categoría más baja, desocupados o afectados por las restricciones de la pandemia. Se trata de exintendentes, hijos de exlegisladores provinciales, sobrinos de acaudalados legisladores nacionales y funcionarios, quienes actualmente se desempeñan en diferentes cargos.

 

Fuente: El Tribuno de Salta